La pandemia de la Covid-19 ha golpeado con dureza a toda la actividad privada que vio reducir el volumen de negocios por la prolongada cuarentena a lo largo de 2020. En el sector público, en tanto, el impacto no ha sido menor: los gobiernos (nacional, provinciales y municipales) tuvieron que destinar más recursos para atender la demanda de asistencia social y sanitaria. Por efecto de la baja de las recaudaciones, la ecuación financiera resultó deficitaria y el Estado tuvo que salir a buscar financiamiento. En el caso participar de Tucumán, uno de los efectos más notorios que se ha observado es una expansión del 62% de la deuda pública en el último año.
De los $ 19.734 millones existentes como endeudamiento público a abril de 2020, este año se incrementó a $ 32.028 millones, de acuerdo con las planillas elaboradas por la Contaduría General de la provincia. Un tercio de ese total de pasivos es exigible a un año de plazo de pago.
¿Cómo se explica este aumento de la deuda?
Al analizar el desagregado de los compromisos asumidos por la gestión del gobernador Juan Manzur puede observarse que la mayor parte de la nueva deuda se ha originado en préstamos otorgados por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (casi $ 15.000 millones). En el marco de las medidas adoptadas para enfrentar los perjuicios económicos de la pandemia, el 9 de abril de 2020 se creó el Programa para la Emergencia Financiera Provincial a partir de un trabajo coordinado entre los Ministerios del Interior y de Economía de la Nación.
El objetivo del programa fue reforzar las finanzas provinciales por un total de $120.000 millones (0,4% del PBI). El 50% de estos recursos fueron ejecutados a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), a cargo del Ministerio del Interior, en tanto los $60.000 millones restantes fueron distribuidos a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial que asignó préstamos con tasa de interés prácticamente nula y período de gracia que está en curso. El financiamiento federal tenía como fin paliar los efectos de la pandemia de la Covid-19. Tanto Manzur como el resto de los gobernadores que suscribieron los acuerdos bilaterales tenían un mismo objetivo: abonar los sueldos a los empleados públicos.
¿Quiénes son los principales acreedores de la provincia?
De los poco más de $ 32.000 millones, $ 29.079 millones son compromisos directos asumidos con el Gobierno nacional. Esto quiere decir que el 90% de las obligaciones tienen al Estado federal como principal acreedor. Si bien en la actualidad hay armonía política entre la gestión de Manzur con la Casa Rosada, este nivel de concentración de obligaciones quita cierto margen de maniobra política a la administración provincial. De todas maneras, por aquella afinidad, generalmente los créditos suelen ser refinanciados, de tal manera de no ahogar financieramente a las provincias. En menor medida, Tucumán adeuda a entidades financieras por un total de $ 1.930 millones.
El mayor compromiso lo tiene con el Banco Macro, agente financiero de la provincia, a la que el mandatario apeló el año pasado al financiamiento que esa entidad tenía habilitada para sostener el ritmo de pago de los sueldos. Otra obligación que se observa en la planilla del Ministerio de Economía de Tucumán es la que el Estado mantiene con acreedores varios por emisión de títulos y que alcanza a los $ 558 millones. Si bien se observa que hay títulos nominados en dólares, su peso en el total de la deuda pública no es comprometedor, ya que se trata de partidas remanentes que no complican las finanzas ante la volatilidad del tipo de cambio.
¿El crecimiento interanual de la deuda puede complicar las finanzas provinciales?
A simple vista, la deuda pública ha dejado de ser una mochila para el desenvolvimiento de las finanzas públicas. Si bien equivale a tres planillas salariales mensuales del sector público provincial (que tiene una dotación de 110.000 agentes), el endeudamiento público representa menos del 15% del total del gasto público provincial, por lo que no sería un inconveniente su administración en el tiempo. La deuda tucumana, sin embargo, tiene más connotación de compromisos asumidos para cubrir gastos corrientes que para inversión en obras. De total, sólo $ 371 millones fueron tomados en el marco de trabajos públicos que se ejecutan a través del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional.